Despropósitos judiciales

Hoy han sido convocadas manifestaciones en numerosas ciudades españolas y otras del mundo en defensa del juez Garzón, al que se acusa de prevaricación por haber intentado esclarecer desmanes cometidos en nuestro país, por los sediciosos, que tras haber conseguido la victoria militar sobre el gobierno democrático de la República Española legalmente constituido, han presentado una denuncia inicialmente por Falange Española, entre otros, contra el juez Garzón por haber intentado desarrollar la ley de la Memoria Histórica, a pesar de la recusación del Fiscal General del Estado.

Si se llegara a juzgar al juez Garzón, por haber intentado que los descendiente de las víctimas del genocidio cometido por las fuerzas de la reacción, recuperen los restos de sus muertos abandonados en las cunetas de media España, sería un despropósito constatar que aún hoy, se mantienen rescoldos de aquella inhumanidad que hizo de nuestro país el campo de batalla que sirvió de ensayo para la Segunda Guerra Mundial, de la que fue germen o embrión, donde se manifestó la faz del fascismo, para oprobio de las democracias Occidentales, que miraron para otro lado en vez de ayudar a España, siendo después las víctimas propiciatorias, por haber claudicado en la conferencia de Munich frente las potencias del Eje.

Las más altas instancias judiciales de nuestro país: el Consejo Superior del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, admitiendo a trámite una denuncia contra el juez Garzón, que para muchos ha sido el martillo de los infractores que han perturbado nuestra joven democracia, bajo la inicua acusación de prevaricar, por haber tratado de esclarecer el episodio más nefasto acaecido en nuestro país, avanzando en el desarrollo de la Ley de la Memoria Histórica, atascada por triquiñuelas jurídicas que impugnan su aplicación por una amnistía pactada en la transición por temor a las fuerzas de la reacción, que no tardaron con la intentona de 23F en subvertir dicho acuerdo. Además, bien procuraron los vencedores, poner a sus propias víctimas en los altares con el pasaporte a la eternidad extendido por el Vaticano, al tiempo que los del otro bando, que en los amaneceres en las cárceles, al escuchar sus nombre en las sacas, sabiendo a donde iban con los paseos en camionetas, de las que al apearse eran asesinados en las cunetas de los caminos o al exterior de las tapias de los cementerios, por que la caridad cristiana que decían defender, no permitía que las víctimas de sus desmanes pisaran la tierra santa del interior de los cementerios.

De prosperar la acusación contra el juez Garzón, pondría a tan relevante instancia de nuestro país como es la administración de justicia, a un nivel de descrédito generalizado sobre el que han manifestado su desacuerdo: numerosas instancias internacionales, asociaciones de la abogacía, manifestaciones en ciudades de España y del extranjero, actos institucionales múltiples, que muestran su solidaridad con una persona que ha concitado el reconocimiento público mayoritario, si bien no tanto el de su entorno profesional donde un anti-corporativismo feroz seguramente motivado por la envidia que les debió despertar, el que un solo juez diera la sensación de resolver los litigios que se presentaban en nuestro país y aún los de países ajenos.

La denuncia de este caso puntual, al que se puede poner en paralelo el descrédito alcanzado por el Tribunal Constitucional, que en cuatro años ha sido incapaz de pronunciarse sobre una demanda de inconstitucionalidad presentada por el PP, sobre el Estatuto de la Comunidad de Cataluña, constituyen dos casos de general oprobio de ambas instituciones.

Tomando referencia de los dos casos que anteceden, creemos oportuno mostrar las deficiencias flagrantes que pone en evidencia la administración de justicia en nuestro país, como son el retraso en la resolución de los litigios, que produce enorme indefensión y malestar psicológico en los afectados, así como lo que el sentido común de la generalidad de las personas consideran erróneo por más que las leyes digan lo contrario. Creemos que las instituciones deben estar al servicio de los ciudadanos dando satisfacción a las mayorías cualificadas, determinadas por protocolos ad hoc establecidos para cada caso. Los defensores de lo existente, especialmente en materia de justicia conceptuada materia sagrada, que no admite intromisión de nadie para nada. Se me viene a la memoria un hecho sobradamente demostrado por los hechos que seguramente quedará en los anales de la jurisprudencia como hacen los anglosajones con los que consideran paradigmáticos: el caso Naseiro, que todo el mundo admitió como de flagrante corrupción un hecho patentizado mediante conversación telefónica que fue sobreseído al no estar homologado semejante artilugio como prueba. Posteriormente se admitió la existencia del teléfono como algo que ya se ha presentado en sociedad. Afortunadamente otras interferencias tecnológicas vinieron a desvirtuar tabúes jurídicos, como han sido por ejemplo la detección de la velocidad de los vehículos por los radares y otras infracciones de tráfico por fotografías etc, que han salvado más vidas humanas que cualquier otra acción previamente homologada para determinar los hechos, que es lo único que cuenta. No obstante existe un cúmulo de triquiñuelas jurídicas, que nadie en nuestro país puede poner en cuestión debido a que la justicia es el poder omnímodo por antonomasia, que solo se puede acatar. ¡Absurdo verdad!

Nos anticipamos en anunciar que lo que sigue referido a la aplicación de la justicia, producirá risión a los sesudos jurisconsultos, que se basaban hace poco tiempo en el derecho romano expresado en latín, para que el vulgo no pudiera participar, era una materia exclusiva para entendidos a pesar de su gran incidencia social. Los tiempos que corren se caracterizan por un torbellino de cambios constantes, despertando curiosidad e interés en las personas informadas y responsables por aquello que les afecta directamente. La justicia es esencial para procurar la paz de espíritu en sociedades vertebradas, para lo que será crucial que participen en su desarrollo los afectados por sus resoluciones. Es inconcebible que en el futuro puedan existir poderes omnímodos, a los que se permita desaguisados como los expuestos más arriba que fomentan en la sociedad esquizofrenia pandémica.

Partiendo de una sociedad conformada secularmente, con usos y costumbres humanizados que hayan impreso en los genes de sus habitantes impulsos positivos, si es complementada con una educación que se le otorgue el prestigio requerido para situarla en la primera de las prioridades de la sociedad que pretenda llevar la antorcha del progreso al frente de la manifestación. Tendrá que seleccionar a los mejores sabio-éticos para formar los think tanks que lleven a cabo la administración de la justicia, modulada por la participación de los media para darle la mayor transparencia y difusión, acudiendo a las legislaciones comparadas existentes en los distintos países, para, con el auxilio de los TIC que permitirán tenerlas a disposición, aplicar la más idóneas a cada caso que se presente, llegando a resoluciones consensuadas, a partir de protocolos ad hoc, que permitan la participación pública mediante la democracia directa que determinará los índices de aceptación necesarios mediante votaciones, consultas, referéndum,. No podrán darse situaciones como las que se dan en las más altas instancias de la judicatura española que repugnan al más elemental sentido común, cuando se disponga de los medios modernos para soslayar tamañas deficiencias.