El urbanismo, a debate

En una encuesta puesta a debate en la tertulia de la SER sobre la corrupción urbanística, aparecen dos tendencias bien explicitadas por la mayoría de los encuestados: 1º) que la corrupción urbanística es mayoritariamente percibida y rechazada por la sociedad y 2º) que estarían a favor de que fueran demolidas las construcciones ilegales, para que los infractores y corruptos quedaran expuestos al escarnio público.

La corrupción urbanística pasó a ser de dominio público a través de los medios de información por el caso Marbella, cinco años después que el ayuntamiento regido por el GIL hubiera infringido la normativa urbanística, al tener noticia de que más de trescientas denuncias cursadas a los órganos judiciales sobre dichos incumplimientos fueron desatendidos. Se adujo el pretexto, que debido a la acumulación de reclamaciones habidas, se colapsaron los juzgados de la provincia de Málaga, a los que procedía tramitar los expedientes. Esto constituye un botón de muestra, de hasta que punto, el poder de las mafias del dinero, pueden incidir sobre instituciones básicas del Estado.

Se percibe por parte de numerosas instancias de opinión, que los ayuntamientos no cuentan con suficientes asignaciones presupuestarias para hacer frente a sus necesidades, lo que les autoriza a infligir la normativa vigente; sin estar en posesión de la más remota autoridad jurídica para terciar en materia tan delicada, el más elemental sentido común, diría, que lo prioritario sería modificar las leyes que permiten actuar con impunidad a la delincuencia.. La puesta en aplicación de la racionalidad, tropieza con enormes dificultades cuando tiene que satisfacer intereses económicos contradictorios, plasmados en programas políticos incompatibles como son por ejemplo los del PP y los del tripartito catalán: las derechas, como es lógico, favorecerán a los propietarios de terrenos (que son sus votantes) los cuales, al ser urbanizados ilegalmente mediante sobornos, suelen multiplicar por “N” su valor, mientras que las izquierdas tienen la obligación de favorecer a los perjudicados por el urbanismo mafioso, que grava (como media) con un 50% el valor de la vivienda que se construye en dichos terrenos, para las clases de bajo poder adquisitivo a las que dice proteger el tripartito, que reclaman algo garantizado por la constitución, como es la vivienda, que les lleva a hipotecarse de por vida, para acceder a ella.

Como consecuencia de las anteriores constataciones, es evidente, que los intereses económicos antagónicos, lleven a las respectivas formaciones políticas a elaborar programas que favorezcan a sus respectivas clientelas de votantes. Únicamente mediante leyes ecuánimes que pudieran compatibilizar el interés de las partes mediante consensos, se podrían atenuaran las diferencias. Hoy, en la actual coyuntura española, donde se dan posiciones irreconciliables en los templos legislativos que son los distintos parlamentos (nacional y autonómicos), en los que se elaboran las leyes, las posiciones enrocadas, que por intereses partidistas condicionan las respectivas actuaciones, impiden cualquier acuerdo que tenga incidencia económica. Estas pautas de actuación, de generalizarse, darían al traste con las tan ponderadas virtudes democráticas.

No parece lógico, que sean asignadas todas las facultades para la aprobación de los planes urbanísticos a las administraciones locales (ayuntamientos) personalizadas en alcaldes y concejales. Otras instancias superiores como: comunidades autónomas, ministerios de medio ambiente, de fomento, confederaciones hidrográficas, etc,.. deberían estar implicadas.
La huelga que tiene lugar estos días en Seseña, tiene como motivo la petición de los obreros que piden al alcalde que autorice la ampliación del plan urbanístico para que puedan proseguir las obras de la macro urbanización para evitar ser despedidos. El alcalde aparece aquí como la máxima autoridad, suponemos que será por su condición de haber sido elegido.

La incidencia que podría tener la campaña desatada sobre la corrupción urbanística podría tener efectos electorales en los comicios que se avecinan, en el plazo de seis meses.

La cantidad de infracciones que pueden ser destapadas una vez abierta la caja de pandora, que permitirá hurgar en la inmundicia acumulada en las actuaciones municipales, etc,.. de los últimos años de permisividad de tales actuaciones, en que tomó carta de naturaleza el tópico de que se construyen casas porque se venden, que el boom económico se atribuye en gran parte al ladrillo; mediante lo cual se enmascaran aspectos capitales de enorme incidencia social:

1º) Las sumas ocultadas al fisco por la economía sumergida mediante el expediente de la corrupción urbanística, son astronómicas, baste un dato, que un tercio de los billetes de 500 euros de la UE circulan en España, por su facilidad para ser depositados en paraísos fiscales. Delito de guante blanco practicado por los que manejan grandes sumas de dinero.

2º) Que los incrementos de los precios de la compra de vivienda, favorecidos por su fiscalidad y por los bajos intereses de las hipotecas, ha desintensivado la construcción de la vivienda de alquiler, aumentando el ya considerable desfase español con el resto de la UE a este respecto. Este hecho no favorece a las deslocalizaciones de los centros de actividad laboral, propias de la economía practicada en los últimos tiempos.

3º) El haber contraído compromisos de pago aplazado para períodos prolongados (hasta 30 años) como se están dando casos, supone asumir una irresponsabilidad peligrosa. La economía puede tener fluctuaciones: no tiene la condición de ser una ciencia exacta, las condiciones personales , familiares, coyunturales,..pueden cambiar, con lo que el prestamista, que no tiene escrúpulos, ateniéndose a lo pactado, se haga con la vivienda.