Cuidados paliativos

Veinticuatro horas después de haber cesado de su responsabilidad el consejero de sanidad de la comunidad de Madrid, el juez del caso de las sedaciones del hospital Severo Ochoa de Leganés, da por sobreseído el caso. Las consecuencias derivadas de las actuaciones administrativas y judiciales de este caso, tendrán fuerte repercusión en la crónica de los sucesos que vive nuestro país en la actual coyuntura.
Tras las dos monumentales aberraciones, que han supuesto los avales del PP a la guerra de Irak, contra lo manifestado por el 90% de los españoles y la masacre de cerca de 200 trabajadores y estudiantes procedentes de los barrios humildes de la periferia de Madrid atribuidos por el gobierno en ejercicio a ETA, mientras que todo el mundo sabía que había sido perpetrado por los islamistas en venganza por la participación de Aznar en el trío de las Azores y en la guerra de Irak, que el PP, a través de sus portavoces y sus medos afines, han mantenido durante tres años la teoría de la conspiración contra la instrucción judicial y el desarrollo del juicio, son hechos que a un observador imparcial le resultarían de difícil asimilación.
Continuando con el objeto del tema que nos ocupa, la sedación de los enfermos terminales del hospital Severo Ochoa, originada por una denuncia anónima, que implicaba a los facultativos del servicio de cuidados intensivos de dicho hospital, en la muerte de 400 enfermos, mediante prescripciones lesivas para la integridad de los enfermos. Como consecuencia de la denuncia los facultativos fueron suspendidos de empleo y sueldo preceptivamente durante la tramitación judicial. El descrédito y la afrenta para profesionales honrados que ha supuesto la campaña publicitaria orquestada por las más altas instancias del PP, desde su presidente que avaló al consejero Lamela como uno de los señeros activos de su partido, a la presidenta de la Comunidad de Madrid que con énfasis, proclamaba los impagables servicios prestados por su consejero de sanidad a la moralidad del país, una vez la justicia ha puesto las cosas en su sitio, los falaces argumentos del PP quedan una vez más en entredicho.
Mucho se especula sobre si las consignas lanzadas por el PP, para desacreditar todas y cada una de las iniciativas del gobierno del PSOE en la presente legislatura, merezcan críticas tan acerbas orientadas exclusivamente al interés electoralista. Repugna al sentido común, que sociedades evolucionadas del siglo XXI, crean, que avances tecnológicos que permiten mitigar el dolor a personas en situación terminal, condenadas en lo que les queda de vida a sufrir dolores insoportables, pueda tener el menor atisbo de delito. La racionalidad científica, que tantos beneficios aporta a los humanos, siempre a su demanda y/o elección, los medicamentos paliativos para evitar el dolor son universalmente aceptados. ¿Qué irracionalidad puede confundir el hecho de proporcionar alivio del dolor pueda constituir delito.?
Los tres años de la presente legislatura, han supuesto un constante machaqueo amenizado por manifestaciones multitudinarias, constituidas de turbas exacerbadas reclutadas por toda España con caravanas de autocares para hacer ostentación de himnos, banderas y pancartas amen de los slogans más desaforados y agresivos escenificados por los antiguos defensores del orden, convertidos en energúmenos, que protestaban contra los intentos del gobierno de balcanizar España, de llevarla al borde del abismo, de venderla a los terroristas etc..,
La mayor falla atribuible a nuestro país, ha sido la especulación urbanística, fruto de una ley aprobada por el PP que disponía que cualquier terreno rústico podía ser convertido en urbano, dando atribuciones para ello a los ayuntamientos. Las fortunas amasadas por funcionarios municipales, por un medio consecuente con el principio de liberalismo salvaje auspiciado por el PP, ha tenido su paradigma en Marbella donde se han aflorado mediante el expediente inédito de apartar a los ediles de sus cargos municipales para ser sustituidos por una comisión gestora que permite que sean afloradas las numerosas infracciones y juzgados sus infractores. Este proceder ha tenido numerosos imitadores especialmente en localidades administradas por el PP, dándose la circunstancia que con ocasión de los recientes comicios locales, los ediles más votados han sido los infractores, aduciendo con ello que el sufragio es la esencia de la democracia y su valor incontestable.
Los hechos demuestran todo lo contrario: el crecimiento económico de nuestro país supera la media europea, el paro ha disminuido a límites históricos, las incorporaciones de cotizantes a la seguridad social han batido records, España cuenta en Europa, se han acogido a emigrantes par realizar los trabajos que no desean hacer nuestros naturales... en una palabra que el PP ha dado una imagen distorsiona de la realidad objetiva.
El PP con su entronización de la mentira evidenciada en sus manifestaciones, ha prostituido la base de la esencia democrática, que si bien se tiene por axiomático que la función de la oposición consiste en desacreditar al gobierno, la polarización de enfoques mostrado por el PP en esta legislatura ha rebasado lo tolerable, al punto que si los procedimientos democráticos fueran por estos derroteros, deberían ser vedados.